* La colocación de postes de concreto y recientes mediciones en el terreno deportivo que por más de medio siglo ha sido utilizado por la Escuela Secundaria Técnica No. 3 encendieron las alarmas entre la comunidad educativa y exalumnos, quienes interpretan estas acciones como un posible intento de apropiación de un espacio emblemático para la institución y el municipio.

De acuerdo con versiones históricas, dichos terrenos habrían sido donados durante la administración del exgobernador Carlos Jonguitud Barrios a favor de la institución educativa, con documentación que debería encontrarse en el archivo oficial de la escuela. En vida, el profesor Eustacio Padilla, exdirector de la Técnica 3, fue uno de los principales defensores de esos campos, procurando que se preservaran como parte del patrimonio escolar.

La importancia del predio no es menor ahí se han desarrollado actividades deportivas, torneos escolares y entrenamientos en su pista de tierra, siendo formativos para miles de estudiantes.
Para muchos exalumnos y familias, no se trata solo de un terreno, sino de un espacio que forma parte de la identidad de la Técnica 3 y de la vida comunitaria de Santa María del Río.

Fuentes consultadas señalan que la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado habrían iniciado un proceso de coordinación para revisar los documentos que acrediten la propiedad del predio, así como identificar quién o quiénes expidieron escrituras o constancias en favor de las distintas partes, con el fin de deslindar responsabilidades o, en su caso, imponerlas.

Aunque en versiones privadas se habla de escrituras particulares, jurídicamente la situación no es menor al haberse destinado durante décadas a un uso educativo y deportivo, el terreno puede ser defendido bajo principios de utilidad pública y el interés superior de la niñez, contemplados en la Constitución.
Este antecedente es relevante para entender la complejidad del caso y el origen de las distintas versiones en disputa.

La colocación de postes y las mediciones generan preocupación entre la comunidad, al interpretarse como un intento de delimitar o restringir el acceso al terreno. Aunque de manera extraoficial se sabe que instancias jurídicas estatales ya tienen conocimiento del caso, aún no se confirma cuál secretaría lleva directamente el expediente.
En los próximos días se espera que las autoridades competentes aclaren la situación y determinen si existen documentos oficiales que respalden la permanencia del predio como patrimonio escolar o si se abre un proceso legal que defina su futuro.